La vicerrectora de la UNNOBA, Florencia Castro, estuvo en el Congreso de la Nación para acompañar la presentación de un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, junto a rectores y rectoras de más de 30 universidades de todo el país.
El proyecto de ley busca garantizar el normal funcionamiento y dotar de previsibilidad al sistema universitario, sin crear nuevos impuestos ni poner en riesgo las cuentas públicas del Estado Nacional.
La comitiva del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estuvo encabezada su presidente, Oscar Alpa, y su vicepresidente, Franco Bartolacci, quienes fueron recibidos por las diputadas nacionales Blanca Ossuna y Danya Tavela, vicepresidentas de la Comisión de Educación.
El proyecto de ley establece un incremento en la inversión de educación universitaria, el cual se destinará para afianzar el ingreso, la permanencia y terminalidad del estudiantado, garantizar las condiciones laborales y salariales de trabajadores docentes y no docentes, desarrollar la investigación, ampliar la oferta de carreras, incrementar las becas, promover la extensión para mejorar la relación con la comunidad, entre otras cuestiones.
Uno de los aspectos salientes del proyecto es que se establece un incremento progresivo del presupuesto destinado a la educación universitaria hasta alcanzar, en 2031, una participación del 1,5 % del PBI.
En lo inmediato, de aprobarse, el Poder Ejecutivo Nacional deberá convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes de las universidades nacionales, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Una vez que se recompongan los salarios, deberá asegurar que se convoque a paritarias con una periodicidad, al menos, trimestral.
Por otra parte, la ley obligaría al Poder Ejecutivo Nacional a garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestadas.
“Este proyecto establece el origen de los recursos para ser destinados al funcionamiento de las universidades. Implica una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional. No hay creación ni aumento de impuestos, no se arriesga el equilibrio fiscal del Estado”, aclaró Alpa, actual rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del CIN.
La ley y la dramática situación de las universidades
En los fundamentos del proyecto se plantea que desde diciembre de 2023 las universidades de gestión pública están atravesando “una situación crítica e incierta”, desde el momento en que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior. Esto implicó que las partidas destinadas a educación superior fueran las mismas que se habían votado en el Congreso en 2022, las cuales estaban destinadas a configurar el presupuesto de 2023. “La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero de 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento”, se especifica.
El documento califica a la situación salarial de docentes y nodocentes de “insostenible”, “con más del 70 % de trabajadores percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza”. Por otro lado, se señala que “el presupuesto asignado a las universidades para 2025 representa solo el 50% de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y de extensión”.
Sin embargo, en un análisis del presupuesto nacional se concluye en que el Poder Ejecutivo Nacional sí contó con los fondos necesarios y pudo haber solventado tanto los gastos operativos como los salarios docentes y nodocentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior.
Finalmente, rectoras y rectores señalan: “La inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país. Las universidades públicas argentinas han sido, históricamente, motores de innovación, investigación y formación de profesionales altamente capacitados que contribuyen al crecimiento y a la competitividad nacional”.
Por tal motivo, el proyecto de ley apunta a que exista “una asignación específica de la recaudación impositiva nacional al sistema universitario” que garantice el cumplimiento del derecho a la educación establecido en la Constitución Nacional.
