“Si no hay control, solo estamos hablando de una democracia formal”. Con esta definición Felipe Pizzuto resumió el fundamento central de las Jornadas de Control y Transparencia en la Gestión Pública que se realizaron por quinta vez consecutiva en la UNNOBA, en el marco de las celebraciones por los treinta años continuos de democracia.
Pizzuto consideró al control público y a la transparencia como “elementos sustanciales” para la vigencia del sistema democrático. De hecho, tal como recuerda el profesor titular de Finanzas Públicas, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que la Revolución Francesa formuló en 1789 ya afirmaba el derecho del ciudadano a controlar los recursos públicos.
Por su parte, en la apertura de las jornadas el rector Guillermo Tamarit también enfatizó el vínculo entre democracia y control de gestión: “Cuando los sistemas son más democráticos y se amplían los derechos de todos, también van acompañados de sistemas de control. En cambio, cuando los sistemas son autocráticos es porque hay menos control. Por lo tanto, es inherente discutir cuán efectivo son los controles sobre la gestión”.
“Desde la Universidad entendemos que la transparencia y control en la gestión no son elecciones de quienes conducen, sino requisitos. Y que si no se llevan adelante por el imperativo ético que supone la gestión pública, hay que hacerlo por la conveniencia que supone gestionar bien. Porque, en general, a los que les va mal cuando las gestiones administrativas son malas es a los que menos posibilidades tienen”, sentenció Tamarit. “Los organismos públicos tenemos la obligación de realizar una rendición de cuentas de cara el pueblo, respecto de cómo asignamos los recursos y cuáles son nuestras prioridades”, concluyó el rector.
“Estamos marcando un camino”
Pizzuto destacó la realización de las jornadas desde 2009, por parte de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNNOBA: “Ya es el quinto año que logramos la concurrencia de profesionales de primerísimo nivel que vinieron a brindar sus conocimientos sobre el control”.
“Al ser organizadas por la Universidad, se posibilita una apertura política total. En estas jornadas participaron funcionarios y ex funcionarios de distintos gobiernos, con distintas ideologías. Esto permitió generar un debate muy amplio”, fundamentó el docente.
Entre las participaciones se destacan las de Leandro Despouy (Presidente de la Auditoría General de la Nación), Héctor Rodríguez (ex Auditor General de la Nación, ex Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación y ex Director de la AFIP), César Sergio Duro (Contador General de la Nación), Horacio Pernasetti (Auditor General de la Nación), Claudio Moroni (ex Síndico General de la Nación), Emilia Lerner (ex Auditora General de la Nación), Eduardo César Barrionuevo (Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba), Hugo Alberto Molina (Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos), entre muchas otras.
“Los alumnos tuvieron la oportunidad de encontrarse con personalidades de primer nivel, tanto académicos como funcionarios”, subrayó Pizzuto.
El docente de las carreras del área de Economía y Administración informó que desde estas jornadas surgieron importantes proyectos de ley, como la creación de un organismo de control: la Auditoría General de la Provincia. “Creemos que estamos marcando un camino en el control y la transparencia”, afirmó Pizzuto.
Las deudas de la democracia
Pizzuto consideró que una de las deudas de la democracia en relación al control de gestión está dada por la actuación de los legisladores nacionales y provinciales: “Ellos tienen que tomar una mayor participación en su atribución de controlar”.
Concretamente, en el artículo 85 de la Constitución Nacional se plantea expresamente que es atribución del Congreso ejercer el control externo. “Quiere decir que es una misión, una función, es parte del ejercicio del poder de la Legislatura nacional y provincial. Es una atribución constitucional que se está dejando de lado y es hora de que el legislador asuma su responsabilidad para controlar”, opinó Pizzuto.
El docente ejemplificó la responsabilidad del Congreso en el accidente de Once ocurrido en 2012, en el que hubo un saldo de más de cincuenta muertos: “La Auditoría General de la Nación le había presentado un informe al Congreso en el año 2008 donde advertía sobre el estado de los trenes y los legisladores no actuaron en consecuencia. Entonces, creo que es hora de que asuman la responsabilidad que la Constitución les asignó”. “Entiendo que es una de las cuestiones que está pendiente para perfeccionar el sistema democrático”, agregó.